Resumen de la Ley de Memoria Histórica de España

La Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) es probablemente una de las más controvertidas en la historia de España. Cada uno es libre de tener la opinión que quiera sobre esta ley. Lo que voy a hacer aquí abajo es resumir los puntos que toca, para que quede claro a qué se refiere, y a qué no. El texto completo de la ley está disponible aquí.

Lo primero, contexto:

En 1969, 30 aniversario del final de la Guerra Civil, Francisco Franco dictó el Decreto-Ley 10/1969, por el que prescriben todos los delitos cometidos antes de 1 de abril de 1939,​ (es decir, el final de la Guerra). En ese punto, hacía casi una década que no quedaba en prisión ningún preso relacionado con tales delitos, pero esto igualmente representó una amnistía para todo el exilio republicano, algo que es sistemáticamente ocultado, aunque está bastante en línea con la larga tradición española de indultos y amnistías; ¿o habías escuchado antes hablar de este decreto-ley, lector?

Con la llegada de la democracia se fueron promulgando una serie de decretos y leyes específicas para tratar de compensar las penalidades y sufrimientos de aquellos que padecieron los avatares de la guerra en el bando republicano o prisión en la época franquista. Algunas de ellas fueron:

  • Decreto 670/1976, de 5 de marzo, por el que se regulan pensiones a favor de los españoles que, habiendo sufrido mutilación a causa de la pasada contienda, no puedan integrarse en el cuerpo de caballeros mutilados de guerra por la patria.
  • Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
  • Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil.
  • Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones a los mutilados excombatientes de la zona republicana.
  • Ley 6/1982, de 29 de marzo, de pensiones a los mutilados civiles de guerra.
  • Ley 37/1984, de 22 de octubre, de reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las fuerzas armadas, fuerzas de orden público y cuerpo de carabineros de la República.
  • Disposición adicional decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuesto Generales del Estado para 1990, que determina las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.

Todas estas leyes, decretos y disposiciones fueron mejorados y ampliados por algunas comunidades autónomas. Esto, por si alguien está tentado de argumentar que no se tomaron medidas para aliviar los padecimientos de las víctimas de la guerra en el bando republicano.

Las medidas principales de la Ley de Memoria Histórica son:

  • La ley reconoce en su preámbulo «el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y violencia personal […] durante la Guerra Civil y […] la Dictadura». Los tribunales franquistas y sus condenas, «dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia […] contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución», son declarados «ilegítimos». Sin embargo, aunque los juicios no son anulados, el preámbulo de la ley establece que ante las demandas de revisión de juicios, la Justicia no podrá rechazarlas invocando las leyes de la dictadura, definidas como «represoras y contrarias a los derechos fundamentales». Esto presenta una seria contradicción en el cuerpo de leyes españolas, ya que varias leyes franquistas siguen en vigor, la jurisprudencia franquista sigue siendo parte de la tradición legal, y el actual jefe de Estado lo es solamente porque en 1975 se aplicó una ley franquista: la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. En la práctica, entiendo, y estoy abierto como siempre a ser corregido, que esta intención de ignorar las leyes franquistas no ha llegado, legalmente, a ninguna medida particular de relevancia.
  • Ayudas a los represaliados. Las ayudas existentes a las víctimas del franquismo y a sus familias (pensiones, compensaciones financieras) son extendidas. Además, podrán beneficiarse con hasta 135.000 euros las familias de las «personas fallecidas en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977».
  • Símbolos franquistas. La ley establece que los «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura» deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos. La retirada «no será de aplicación cuando […] concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley», lo cual podrá aplicarse a iglesias y templos de culto. Esta ha sido quizá la medida que en la práctica ha resultado más nociva y controvertida, llevando a un memento mori en muchas ocasiones sin sentido.
  • Valle de los Caídos. Se regirá por las normas aplicables a lugares de culto y religiosos. Se dispone su despolitización, prohibiéndose los «actos de naturaleza política […] exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo» y que la fundación gestora del Valle «incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que le siguió». Esta medida está en un punto medio entre lo innecesario y lo lógico: desde que se abrió, el Valle de los Caídos ha servido para “honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939” y por eso están enterrados ahí soldados de ambos bandos, y no sólo de uno.
  • Brigadistas Internacionales: se les concederá la nacionalidad española sin que tengan que renunciar a la propia. Por cuestiones de edad, esta disposición sólo llevó a que un puñado de brigadistas recibieran pasaportes españoles. Es un reconocimiento al que se puede objetar (¿por qué no darle nacionalidad a los voluntarios fascistas?, podría preguntar alguien inocente e ignorante sobre las cosas del mundo) pero que no va más allá del simbolismo político mitinero.
  • Nacionalidad para Hijos y Nietos de exiliados. A pesar de estar incluida como disposición adicional dentro de la Ley de Memoria Histórica, el apartado primero de la «Disposición Adicional séptima» permitió optar por la nacionalidad española a los hijos de personas que hubiesen sido originariamente españolas, «sin importar la fecha de nacimiento ni el lugar de nacimiento de éstas». Es decir que en la práctica cualquier nieto de hombre emigrante pudo optar por la nacionalidad española de su abuelo, siempre que éste hubiera conservado la nacionalidad española hasta por lo menos el nacimiento de su hijo en el exterior. Hay que recordar que hasta el 29 de diciembre de 1978 sólo los varones transmitían la nacionalidad a sus hijos: en la práctica, esta disposición sólo extiende ligeramente la jurisprudencia española en lo concerniente a la concesión de nacionalidad, sin grandes cambios.
  • Centro Documental de la Memoria Histórica. Se crea el Centro Documental de la Memoria Histórica en la ciudad de Salamanca, en el que se integrará el actual Archivo General de la Guerra Civil. Esto ha dado lugar a muchas peleas políticas en parte absurdas y en parte simbólicas, pero tampoco es una medida de gran calado en general.
  • Fosas comunes. El Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes. Esto puede parecer de cajón: escribo en 2019, cuando la búsqueda de fosas continúa y, aunque muchos la hayan hecho un negocio, no parece un desatino que el estado ayude financieramente a que se entierre a combatientes o víctimas de la Guerra que llevan décadas en fosas comunes, cuando se pueda y cuando lo pidan las familias (este hilo excepcional de Twitter demuestra las muchas dificultades y tergiversaciones que hay al respecto). Pero tiene su truco: Santos Juliá, historiador progresista nada sospechoso de franquismo, frecuentemente dirigió sus críticas contra la Ley de Memoria Histórica vía este punto en particular. En 2018, un año antes de fallecer, dio una entrevista en la revista Letras Libres en la que subrayó que la polémica de las fosas no pasaba de ser una argucia política del PSOE contra el PP: “Me consta que el gobierno de Rodríguez Zapatero se lo planteó (dedicar al Estado a abrir las fosas). Y se desechó y se prefirió el camino de las subvenciones a particulares. (…) La decisión de privatizar la cuestión de las fosas tiene que ver con la política del PSOE de arrinconar al PP. No hay otra explicación. Con una democracia que en 2005 estaba consolidada y una demanda social, legítima, que lo está solicitando, ¿por qué no lo asume el Estado? Pues porque si lo hace, en seis meses, un año, se acabó. En cambio así tienes un continuo elemento de agitación.”

fosas

Aquí hay un análisis más detallado de la ley, y cómo se engarza en el marco legal español (aunque se apoya en disparates históricos). Y no nos olvidemos de seguir el dinero, como dicen siempre los aficionados al Watergate: sigamos el dinero y veamos que, de las dotaciones estatales para la Ley de la Memoria Histórica, apenas un tercio se ha ido a buscar los restos de fallecidos, y la gran mayoría se dedicó a mantener instituciones afines y amiguetes varios, incluyendo fundaciones del PSOE, como indicó El Mundo en un reporte de enero de 2021:

memoria

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