España, Franco y los Judíos (3)

(Viene de la primera y la segunda parte)

En Junio de 1940, con la caída de París y la formación del nuevo régimen de Vichy, empezó la llegada masiva de refugiados del nazismo a España. Hay que tener en cuenta que la situación era un tanto paradójica, dado que España era un país fascista (*), y no del todo neutral: con la incorporación de Italia a la guerra, ese mismo mes España se declaró “no beligerante”, un modo de satisfacer tanto a los aliados de Franco durante la Guerra Civil como al Reino Unido que controlaba los mares y el suministro de bienes a España.

Franco creía que Adolf Hitler acabaría ganando la guerra y un año después envió la División Azul de voluntarios anticomunistas, que luchó en el Frente del Este. Pero siempre se negó a unirse al Eje por diversos motivos, incluyendo su certeza de que, fueran cuales fueran las promesas alemanas de compensación, la flota británica no tendría problema en tomar las Islas Canarias inmediatamente tras la entrada de España en guerra (lo que era cierto: el Reino Unido contempló ocupar las estratégicas Canarias incluso en el caso de que España no se uniera al Eje).

En medio de estas complejidades estratégicas, surgieron dos problemas relacionados con los refugiados que llegaban a España (la mayor parte judíos) y los judíos de nacionalidad española en territorios ocupados por los alemanes o sus aliados. El primer problema fue solucionado con la decisión de no expulsar, como expliqué en la segunda parte de esta entrada, al tiempo que se trataba de minimizar la estancia de los refugiados y su coste para una economía agotada.

La práctica ausencia de antisemitismo en España, y el hecho de que el propio Franco no fuera en absoluto antisemita, contribuyeron a que la gestión de los refugiados fuera relativamente poco problemática.

Los elementos más fanáticos del régimen sí eran con frecuencia antisemitas, y yo mismo escribí durante mis estudios universitarios una tesis sobre el en ocasiones basto antisemitismo del periódico falangista Arriba en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Pero el estado español no había tomado medidas antijudías durante siglos: en los años 1920, el dictador Miguel Primo de Rivera de hecho autorizó a los sefarditas que pudieran probar una conexión con España a recibir la ciudadanía española, una medida que inspiró otra similar aprobada en 2015, sobre la que escribí aquí en el Wall Street Journal.

Es cierto que la situación legal de los judíos en España había empeorado en 1938 cuando Franco derogó la constitución republicana, con lo que España volvió al marco legal de la constitución de 1876, con tolerancia para otras religiones pero no protecciones específicas. En el nuevo estado católico se cerraron las sinagogas de Madrid y Barcelona y se presionó a judíos extranjeros para que se fueran de España.

Sin embargo, los judíos sefarditas recibieron una consideración especial por su conexión histórica con el país y el famoso escritor Pío Baroja publicó un muy alabado libro con entusiastas comentarios sobre la contribución cultural de los sefarditas, opuesta a la visión, muy extendida entre los más germanófilos del régimen, de los judíos ashkenazis como filocomunistas.

A finales de 1940, cuando el también fascista estado de Rumanía preguntó a España sobre la situación legal de los judíos, la respuesta llegó en una nota verbal, fechada el 19 de Diciembre de 1940, del germanófilo Ramón Serrano Súñer, quien indicó que España no tenía ninguna disposición legal antijudía (ni contra sefarditas ni contra otros), reproducida en el libro de Haim Avni antes citado.

Esta fase inicial de acogida y transferencia de refugiados (muchos pasaron poco tiempo en España) concluyó en agosto de 1942, cuando las autoridades de Vichy reforzaron las patrullas para poner fin a los cruces ilegales de la frontera española, anularon la concesión de visados de salida y empezaron a enviar judíos extranjeros hacia el este. Aún así, ese mismo mes, en el día 14, el embajador estadounidense en Madrid, Hayes, informó a su gobierno en un cable de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español había dado instrucciones de no expulsar a nadie.

En “La vie des francais sous l’Occupation” (1961), Henri Amouroux relata casos de abuso contra refugiados en la frontera, casi siempre por parte de franceses: el intermediario que mató a varios refugiados después de pagarle su transporte a España, el contrabandista que mató a un refugiado en la carretera porque era incapaz de seguir viaje, otro contrabandista que guió a los refugiados directos directos a donde estaba la patrulla fronteriza alemana, y un contrabandista que en ruta les exigió más dinero.

“Los libros sobre la huida a España relatan testimonios de cientos de incidentes parecidos,” indica Avni, citando por ejemplo las memorias de Lucien Greffier, “La mesadventure espagnole” (París, 1946).

La situación se enquistó un tanto en particular con los refugiados que habían quedado estancados en España, continúa Avni:

Se dieron casos de explotación de explotación y fraude entre algunos refugiados y a veces se despertó el recelo y el odio entre las personas que prestaban la ayuda. En estas condiciones de paro forzoso pero cómodo, impuestas por los obstáculos a la salida de España, algunos refugiados sentían la tentación de prolongar al máximo su periodo de tránsito, con la esperanza de que mientras tanto terminaría la guerra y podrían volver a Francia en busca de sus familiares y recuperar sus bienes. Aun los refugiados que sentían prisa por marcharse a Palestina o a otros lugares, se vieron afectados por la conveniencia de esta permanencia transitoria en España.

Como ya indiqué en la segunda parte de esta entrada, la peor situación la sufrieron los refugiados apátridas, sobre todo los del campo de concentración de Nanclares de Oca, donde había varias docenas. Acabaron haciendo trabajos forzados, bajo la condena de no haber obedecido la orden de expulsión. Otros acabaron en el campo de concentración de Miranda de Ebro, que básicamente era una prisión prefabricada.

De todos modos, la mayoría fueron autorizados para vivir en Barcelona y Madrid, muchos en libertad; a los judíos les mantenía el American Jewish Joint Distribution Committee, una organización humanitaria judía: en los pueblos les pagaban el hotel, y en se les daba dinero para sus gastos; en las ciudades, se les daban entre 650 y 700 pesetas por persona, con mantenimiento, ropa y atención médica gratuita (**). Como indica Avni, estas cantidades eran muy generosas y permitían a los refugiados llevar u nivel de vida más alto que el funcionario gubernamental español medio, sin trabajar.

Discutiendo por Twitter en 2013, yo escribí que España había expulsado o rechazado a cero refugiados durante la Guerra Civil. Avni, más cauteloso, opina que ”no hay información exacta” sobre la incidencia de presuntas expulsiones a Francia, pero se cree, en abstracto, que hubo algunos casos, sin detalles, y en otros las autoridades fueron sobornadas para evitar la expulsión. Yo sigo sin haber leído de un solo caso de expulsión.

En 1943, el único país americano con representación diplomática en París era Argentina; después de muchas gestiones, el gobierno español encontró que nadie quería hacerse cargo de muchos judíos europeos sin papeles, incluyendo EEUU, y Alemania informó a Madrid el  6 de marzo de ese año que sólo accedería a la evacuación de súbditos españoles a España, nunca extranjeros o apátridas.

El segundo problema, el de los sefarditas que, siendo o no ciudadanos españoles, buscaron la protección de las embajadas españolas, fue el más espinoso y complejo de resolver. Su discusión queda para la cuarta parte de esta entrada.

(Continúa aquí)

(*Más similar a la Hungría de Miklós Horthy, pongamos, que a la Italia de Benito Mussolini, pero en general fácilmente identificable como perteneciente al “campo fascista”)

(**Mis padres, que crecieron en la década siguiente, se quedaron asombrados al oír citar tales cantidades: una peseta daba para mucho en la España arruinada de 1943)

 

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